La acusación del estado solicita tres años y diez meses de prisión para tres comunistas catalanes, miembros del PCPE y los CJC. El fiscal sustenta su petición en los hechos ocurridos en Barcelona el 14 de noviembre de 2007, con motivo de la manifestación en protesta por el asesinato de un joven antifascista en Madrid el anterior día 11.
Esta acusación es un montaje policial -sustentado en pruebas amañadas y faltas de toda consistencia- para tratar de desmovilizar a la organización comunista en este país, y a otras organizaciones anticapitalistas que actúan dentro del movimiento antifascista.
El 11 de noviembre de 2007 fue asesinado en el metro de Madrid el joven antifascista Carlos Palomino, a manos de un fascista de 23 años - soldado profesional del ejército español- que se dirigía a una concentración del partido fascista Democracia Nacional. Inmediatamente se suceden las concentraciones y movilizaciones de condena y repulsa por este asesinado fascista en distintas ciudades del estado español, también en Barcelona.
El estado de indignación de los/las manifestantes antifascistas es proporcional a la brutalidad del asesinato y a la tergiversación informativa que los medios de comunicación del sistema realizan al presentar el hecho con el consabido e interesado discurso de "enfrentamiento entre grupo de jóvenes antisistema".
El 14 de noviembre en Barcelona, diversos colectivos y organizaciones antifascistas convocan una manifestación, donde desde el primer momento queda claro que la policía - Mossos d'Esquadra (dirigida por el Conseller Saura de ICV-EUiA - socios catalanes de Izquierda Unida y el PCE-) tienen orden de no dejarla discurrir de forma pacífica. El operativo montado no guarda ningún tipo de proporcionalidad con la protesta: toma policial del centro de Barcelona con los antidisturbios preparados para cargar, intimidaciones en el metro a los asistentes, ambulancias preparadas como si de un escenario bélico se tratara, amago de carga cuando la cabeza de la manifestación se pone en marcha, etc.
Durante la manifestación se suceden diversos intentos -por parte del operativo policial- para cortar la manifestación en diversos puntos, lo que hace aumentar el nerviosismo y la indignación por parte de los manifestantes. Esta situación se va agravando durante la marcha, y cuando ésta no lleva ni 400 metros de recorrido se produce una brutal carga policial que crea -en el mismo centro de Barcelona-, una situación de conmoción social imposible de justificar, al extenderse la represión a la zona comercial del Passeig de Gracia y acabar afectando a los transeúntes.
Como resultado de la carga policial se producen diversas agresiones, en las que varios manifestantes tienen que ser evacuados en ambulancia. También se producen 5 detenciones, entre ellas la de dos camaradas de los CJC-JCPC, que son conducidos a la comisaría central de los Mossos d’Esquadra de Barcelona; y, dado que uno de los detenidos era menor de edad en ese momento, la policía no tuvo más remedio que comunicar a la familia su detención -de lo contrario habrían estado por lo menos 48 horas sin comunicación exterior.
Inmediatamente, dirigentes del PCPC-PCPE y de los CJC-JCPC, acompañados de una abogada, se personaron en la comisara junto a los padres de los detenidos. En ese momento éstos son requeridos para que se identifiquen y, después de una larga espera en la comisaría, un policía llama a un camarada del PCPC-PCPE y a dos camaradas de la CJC-JCPC, para informarles que han sido reconocidos por su intervención en la manifestación, y que han sido denunciados por la policía. Todo un montaje policial - ya que incluso se da el caso que nuestro militante del Partido no había podido participar en la manifestación por dificultades en su trabajo- dirigido a criminalizar la lucha antifascista y la militancia comunista.
En los días sucesivos el fiscal concretó la denuncia:
Por un lado, tres compañeros antifascistas detenidos en la manifestación.
Por otro, tres camaradas del PCPC-PCPE y de la CJC-JCPC (uno de los detenidos y dos de los inculpados en la comisaría), a los que se les acusa "de un delito de atentado y por un delito de desordenes públicos", por montar una supuesta barricada con contenedores de basura y apedrear a la policía. Solicitándoles "3 años y 10 meses de cárcel y la inhabilitación especial para el ejercicio del derecho de sufragio pasivo". El expediente de los menores queda archivado, puesto que el tribunal de menores no ve indicios de delito. Para sostener esta denuncia la fiscalía solo presenta una prueba, el testimonio de los policías, no habiendo ninguna otra prueba de que ocurrieran los hechos mencionados.
No es la primera vez que el gobierno español (el fiscal es el representante del gobierno en el proceso judicial) recurre a falsas denuncias contra activistas anticapitalistas de distintas ideologías, solo con la falsa declaración de la policía (en el estado español la declaración policial tiene rango de prueba, no así la de los otros testigos). La diferencia en este caso, es que en lugar de un único sumario que afecte a todos los inculpados por los mismos hechos, el fiscal los ha separado en dos sumarios: uno con los tres activistas que pertenecen a distintas organizaciones, y otro, exclusivamente contra los militantes comunistas del PCPC-PCPE y de la CJC-JCPC.
Por todo lo expuesto el Comité Ejecutivo del PCPE, entendiendo esta situación de persecución y represión contra tres militantes comunistas -que pueden terminar siendo condenados a prisión en el juicio a celebrar en los próximos meses- como una acción planificada por los aparatos del estado contra nuestro proyecto político y contra el desarrollo de una opción revolucionaria en el estado español acuerda:
Realizar una campaña informativa a nivel internacional, para que se conozca el carácter represor del sistema monárquico - burgués español, y su falsario discurso democrático.
Solicitar la solidaridad de cuantas personas y organizaciones políticas compartan la lucha antifascista en cualquier lugar.
Desarrollar en los próximos meses acciones de protesta, y en solidaridad con los tres procesados, exigiendo el sobreseimiento de la causa. Igualmente para los otros tres compañeros antifascistas juzgados en pieza aparte.
Continuar, e intensificar, la campaña contra el ascenso del fascismo en el estado español, y las complicidades en todos los aparatos del estado. Denunciando, de manera especial, el ascenso en el escalafón policial de mandos de individuos declaradamente fascistas; promovidos en los últimos años con toda preferencia desde las mismas academias de policía del estado.
LUCHA INCONDICIONAL CONTRA EL FASCISMO DEL
SISTEMA MONÁRQUICO-BURGUÉS
Comité Ejecutivo del PCPE - febrero 2010
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