El Parlamento rumano aprueba la anticomunista Ley de Limpieza Política

El Parlamento rumano, aprovechando el escándalo socio-político que supone la aplicación de las medidas adoptadas por el gobierno para obedecer al FMI, y en medio del desenmascaramiento de lo que han supuesto en realidad los 20 años de capitalismo en Rumanía, es decir, un gran hundimiento en la pobreza de la clase trabajadora rumana, ha aprobado una ley que, si bien está pasando desapercibida por la situación actual, supone un evidente delito antidemocrático organizado por los anticomunistas rumanos: la llamada "legea lustratie" (ley de limpieza).

El nombre de la ley le viene al pelo, porque se trata evidentemente de una que intenta hacer una limpieza política, con unos objetivos ideológicos bien claros. Se trata de prohibir que ocupen cargos políticos o jueces que fuesen miembros del Partido Comunista Rumano, de la época socialista anterior a diciembre de 1989.

A pesar de la evidente gravedad ética de una decisión así, la de limitar los derechos políticos de una parte, aunque sea pequeña, de la sociedad rumana, por motivos ideológicos (algo habitual en los últimos tiempos donde la nueva vigencia del fascismo, más o menos enmascarado en la etiqueta del liberalismo, hace denodadas campañas anticomunistas contra el mayor enemigo de los grandes saqueadores capitalistas), la ley no tendrá grandes aplicaciones prácticas (lo que se busca es principalmente la propaganda simbólica) por dos principales razones.

Primero, porque se ha aplazado durante 20 años para que pocos de los que ocuparon cargos entonces sigan ocupándolos o quieran hacerlo ahora (el aplazamiento se debió a que fueron los mismos altos cargos del PCR corrompidos los que dieron el golpe de estado para poder aprovechar mucho mejor la corrupción en un sistema que la tiene como base).

En segundo lugar, la ley incluye un artículo en el que se regula que no se puede aplicar a los que ya ocupen cargos en la administración política o judicial, por lo que los que se aprovecharon del cambio de sistema pueden continuar llenandose los bolsillos propios, los de los amigos y los de las empresas que paguen buenas comisiones.

Uno de ellos, como hemos explicado reiteradamente en este blog, es el mismisimo presidente de la República actual, el ex ministro adjunto de transportes bajo el ultimo gobierno socialista rumano, y cuyo padre estuvo muy bien relacionado con los militares y políticos que organizaron el golpe de estado de diciembre de 1989, que se lo ha montado bien para que a la vez que se aprovechó del poder en el período socialista, esto no le impidiera (ni lo impida a partir de ahora) seguir enriqueciendose a costa del pueblo rumano en adelante.

Lo cierto es que, y aunque durante el socialismo hubiera altos cargos corruptos y que tuvieran intereses privados por encima de los colectivos (el golpe de estado para instaurar la dictadura del capital es el ejemplo), durante el capitalismo el enriquecimiento a costa de la riqueza de los rumanos ha sido infinitamente mayor. Pero, por supuesto, no se va a aprobar ninguna ley de limpieza de ladrones y saqueadores, ni reglas que impidan el continuo expolio que durante 20 años se ha venido produciendo a mano armada y con todo el descaro sobre la riqueza colectiva del pueblo rumano.

El Partido Socialdemócrata ha sido el único que se ha opuesto a la ley en el Parlamento, y ha anunciado que la denunciará ante el Tribunal Constitucional rumano, ya que, como se ve con claridad, supone una fragrante limitacion de los derechos políticos de determinados ciudadanos rumanos por motivos ideológicos, propia de las campañas anticomunistas organizadas por los fascistas que, disfrazados con un velo democrático, intentan evitar por todos los medios que los trabadores del mundo puedan sentirse atraídos por una ideología que fomente su autoorganización, su resistencia ante la explotación y su libertad.

Extraído del blog del camarada José Luis Forneo, un vallekano en Rumanía.