A priori, la ley crea un comisionado para la lengua galesa, que va a sustituir a la Welsh Language Board, y que va a tener como objetivo principal hacer cumplir las medidas que garanticen la protección de los derechos de los hablantes.
También incluye un sistema para asegurar que los organismos públicos y privados oferten servicios en galés. Entre los privados, se trata principalmente de compañías eléctricas, de gas y de telecomunicaciones, entre otras, las que deberán de ajustar con el comisionado para la lengua qué uso hacen del galés.
Otros organismos creados recientemente son un tribunal de la lengua galesa, en el que los hablantes van a poder recurrir cuestiones relacionadas con la provisión de servicios en el idioma, según el Welsh Language Partnership Council, un órgano consultor que va a reunirse con el Gobierno galés sobre la estrategia a seguir sobre la lengua.
A pesar de que el Gobierno considera que la aprobación de la ley marcó "un día histórico" para la lengua galesa, algunos sectores protestaron por la falta de ambición de la medida. Cymdeithas, la principal organización por la lengua, es el principal exponente. Declararon que falta un principio fundamental: el reconocimiento de los derechos de los hablantes. Argumentan que es una ley que da poder a los funcionarios, pero no a la gente, y que lo que hace falta es dar servicios lingüísticos "en lugar de esperar que los hablantes protesten" cada vez que quieran utilizar su lengua.
De hechu, uno de los diputados del Plaid Cymru, Bethan Jenkins, presentó una enmienda a la propuesta de ley en esta línea, que fue rechazada por 32 votos en contra y 16 a favor. Jenkins proponía un cambio que establecía derechos concretos pa los hablantes, y también proponía que la oficialidad de la lengua fuera incondicional, ya que en el texto original hay una lista de excepciones que condicionan el estatus.
FUENTE: Blog "Frayando Cadenes", traducido del asturiano por el equipo redactor de "Andalucía Proletaria".
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